Gallardón afirma que Mas cometería un delito si convocase un referéndum (EL PAÍS, 15-10-2012)

Gallardón afirma que Mas cometería un delito si convocase un referéndum Fuentes de Justicia apuntan a la "desobediencia", tipificada en el artículo 410 del Código Penal Cospedal avisa de que el Gobierno utilizará "todos los instrumentos legales" La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, considera que no cabría reproche penal El PP cree que Mas oculta con el referéndum “el fracaso de su gestión” El Gobierno de Mariano Rajoy ha enviado hoy advertencias inequívocas al presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre las consecuencias legales que tendría la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña, si finalmente la lleva a efecto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha avisado a Mas de que, si no desiste, cometerá un "delito" si celebra una consulta en contra del criterio del Tribunal Constitucional y tras la presentación de un recurso por parte del Ejecutivo. Aunque no ha especificado públicamente, durante una entrevista en La Sexta, cuál sería y qué pena tendría, fuentes de Justicia han aclarado qué se trataría de un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 410 del Código Penal y castigado con una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Enviar vídeo Según la ley, para incurrir en ese delito, “las autoridades o funcionarios públicos” deben haberse negado “abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales”. más información "Cualquier cargo público que fuese en contra de un mandamiento de un tribunal estaría cometiendo un delito", ha apuntado el titular de Justicia. La número dos de los populares, Dolores de Cospedal, ha advertido por su parte al Ejecutivo catalán de que el Gobierno utilizará todos “los instrumentos legales a su alcance para impedir esta situación”, aunque ha evitado aclarar si uno de esos medios llevaría a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Ejecutivo suspender la autonomía. Lo que sí señalan desde el Gobierno es que nadie ha planteado recuperar la modificación del Código Penal aprobada por Aznar en 2003 y derogada por Zapatero en 2005 y que fijaba penas de tres a cinco años de prisión a “la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum, careciendo de competencias para ello”. El Gobierno considera, en definitiva, que ya hay mecanismos para detener la celebración de una consulta. Lo expresó claramente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien hace dos semanas recordó que un referéndum convocado en esos términos “no sería conforme a la Constitución porque una cuestión así debería ser planteada a todos los españoles”. Detalló hasta la fórmula: bastaría con acudir al Constitucional y “este suspendería la convocatoria”. En cualquier caso, el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, discrepan sobre los efectos penales de la convocatoria del referéndum en Cataluña. La portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, considera por ejemplo que la convocatoria de una consulta no supondría un delito. “Constitutivo de delito, no. Porque ese tipo fue despenalizado en la anterior legislatura. Yo es que creo que a las palabras del señor Mas se les ha dado quizá una sobredimensión”, ha asegurado en una entrevista en TVE. “Es cierto”, ha añadido, “que la manifestación del 11 de septiembre dio un mensaje al resto de la ciudadanía: hay un sentimiento en Cataluña que nadie puede obviar y que tenemos que respetar. Mas, en el marco de una campaña electoral, lo que ha anunciado es que quiere escuchar al pueblo catalán. Sí, ha hablado de consulta… Bueno, vamos a ver qué es lo que convoca y entonces tendremos que dar una respuesta. Pero aventurar es arriesgado”. En una línea parecida, también considera la número dos de los populares que las pretensiones soberanistas de Cataluña son “hoy por hoy solo declaraciones”, pero sobre esas declaraciones Cospedal ha endurecido el discurso del PP sobre el soberanismo. El Gobierno, ha explicado, hará uso de todos los medios legales para "impedir la vulneración de la Constitución" aunque, a preguntas de los periodistas, Gallardón ha advertido además al presidente catalán de que la responsabilidad será solo suya si la convocatoria del referéndum deriva en "un acto ilegal". "Si hay un acto ilegal por parte de una persona, no creo que haya que castigar a los ciudadanos catalanes. A quien habrá que exigirle responsabilidades es a esa persona".